Portal Guaraní - POR SIEMPRE LA CORRUPCIÓN - Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE

En cada sesión la Cámara de Diputados exhibe, sin pudor, el nivel moral e intelectual de muchos de sus miembros. Con todas las pruebas en contra, los liberales y abdistas salvaron de la intervención a Alejandro Urbieta, intendente de Concepción. Por otro lado, se aprobó la ley de arancel cero para las ocho universidades nacionales.

En el primer caso, la mayoría de los concejales concepcioneros avaló su pedido de intervención con documentos acerca de cuatro mil cuatrocientos ochenta millones de guaraníes que debían ser destinados a desagües pluviales. Los concejales denunciantes no encontraron el destino de la importante suma. Con la intervención, pretendieron que los contribuyentes sepan el empleo que se dio a su dinero. Ahora, gracias a la mayoría de diputados, se quedarán con las ganas.

Lo llamativo del caso no es la negativa de la intervención –frecuente en esta Cámara- sino la comisión especial de intervención a cuya cabeza se encuentra Esteban Samaniego (colorado Añetete). Samaniego está investigado por un millonario desvío de fondos cuando era intendente de Quyquyhó. ¿Qué actitud se puede esperar de un político de esta naturaleza? La culpa no es enteramente de él sino de sus colegas que le pusieron en el cargo para “investigar” a los intendentes denunciados.

Es así como se maneja una institución, la municipal, que, como tal, es el pilar de la democracia y la decencia, en el supuesto de que representa las aspiraciones sanas del pueblo.

Urbieta no solo carga con la acusación sobre los cuatro mil y pico de millones. También lleva encima la venta irregular del puerto de Concepción. En torno de este caso, el comunicador concepcionero, Édgar Chilavert, había presentado documentaciones que demuestran la razón de su denuncia, denuncia que le ha costado 18 meses de cárcel, víctima de una trama tenebrosa urdida por las autoridades políticas y judiciales.

El otro caso llamativo fue la intervención de la diputada liberal Celeste Amarilla para rechazar el pedido de esta intervención, y de las que vinieren. Su argumento es, según ABC Color del martes, “que estamos en pandemia sanitaria por el covid-19 y que realizar elecciones para elegir a un nuevo intendente en caso de una destitución implicará costo para el Estado”.

Tres cosas: 1) Una intervención no implica necesariamente destitución. Es para investigar la denuncia. ¿Sabía la diputada Amarilla que a Alejandro Urbieta le esperaba la calle por la gravedad de los hechos? Si lo sabía, ¿por qué le amparó?; 2) cerrar los ojos ante la corrupción, ¿no le cuesta más dinero al Estado? ¿No es mejor que un corrupto deje el cargo lo antes posible precisamente para evitar más robo a los contribuyentes?; 3) ¿Vamos a usar la pandemia para cubrir la delincuencia?

En cuanto al arancel 0 para las universidades, los diputados optaron porque “El beneficio ya no será universal, sino para egresados de colegios públicos o subvencionados”, según leemos en ABC Color del jueves. Los diputados se abrazan al viejo prejuicio de que los platudos se van a los privados, y los pobres, a los públicos. Conozco a muchos padres de familia que reman con escarbadientes para juntar el dinero y abonar la cuota en los colegios privados. Cada examen es un drama para miles de alumnos que tienen las cuotas atrasadas. También los colegios públicos cuentan con alumnos adinerados.

Si el Senado no sanciona el arancel cero universal, se corre el riesgo de que se vacíen los colegios privados. Según nuestra sólida cultura de la corrupción, los platudos conseguirán el sitio a costa de quienes realmente no pueden pagar sus cuotas. Los colegios públicos, si se mantiene la decisión de Diputados, serán muy apetecibles porque los alumnos serán exonerados en las universidades públicas.

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