galiboc@tigo.com.py

El reciente ataque a la estancia Ñandu’í tuvo varios aspectos llamativos. Ocurrió en una zona del Amambay poco habitual para el EPP, involucró a un contingente inusualmente numeroso –veinte integrantes, incluyendo varias mujeres– y se marcharon dejando un panfleto firmado por una desconocida brigada indígena contra matones de estancia.

Se trataba del EPP, sin dudas. Fue identificado Osvaldo Villalba, uno de sus líderes históricos, incorporado hace dos décadas por su hermana Carmen con solo 17 años. Además, el estilo devastador de la incursión era típico: quemaron un galpón, la casa patronal y la de los peones, un tracto camión y dos camionetas. Pero a quien, al parecer, buscaban y querían matar era al administrador brasileño Avelino Camargo, quien, según la Policía departamental, tenía fama de maltratador de indígenas. Hay quienes aseguran que había violado a la hija de uno de ellos y herido de un disparo a otro. Como sea, tuvo la mala suerte de llegar a la estancia justo cuando estaban los guerrilleros y fue ejecutado de tres balazos.

¿Un grupo indígena integrado al grupo armado? Algo muy novedoso. Se presumía que algunos de ellos daban apoyo logístico al EPP, pero intervenir con armas largas en la mano es otra cosa. Aunque, pensándolo bien, esta simbiosis no es tan inusitada y resulta hasta lógica, dadas las circunstancias.

El Norte del Paraguay es un territorio disputado por estancieros dispuestos a proteger sus campos y ganados; por bandas organizadas dispuestas a proteger sus plantaciones y rutas del narcotráfico; y por el EPP dispuesto a proteger sus zonas de influencia y de cobro de impuestos revolucionarios. Están todos, menos el Estado. Entonces las necesidades de la población en materia de subsistencia, de asistencia social, de seguridad son cubiertas por una de esas tres facciones del poder privatizado. Y los más desposeídos de la región son los dueños originarios de esas tierras: los indígenas. A merced de sus variopintos invasores, no tiene nada de raro que trabajen en plantaciones de marihuana a falta de otras opciones, o que busquen la protección de quienes tienen armas, el EPP, por ejemplo.

La estancia invadida está ubicada en las faldas del Cerro Guazú, el Jasuka Venda, sagrado para los Pãi Tavyterã; una elevación rocosa cubierta de bosques, donde, según sus creencias, se originó la vida. El arte rupestre allí existente revela una cultura de 5.000 años. Alrededor hay cerca de cuarenta comunidades indígenas cada vez más aisladas por la expansión ganadera. Esta historia de conflictos hace presumir que la alianza con el EPP se origina apenas en el coyuntural deseo de los indígenas de vengar la prepotencia de los capataces contra ellos. La otra posibilidad es que la insurgencia indígena tenga motivos ideológicos más profundos, tal como sucedió en la década del ochenta con el Movimiento Armado Quintín Lame, del norte del Cauca, en Colombia o con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, en la década siguiente. Eran grupos que cuestionaban todo el sistema político vigente. Sería sorprendente que ese fuera el caso, pero en Paraguay es imprudente descartar cualquier hipótesis, por extraña que parezca.