CLOTILDA

Por ALFREDO BOCCIA PAZ

@mengoboccia

Clotildo Jiménez Benítez, el último fiscal general del Estado del stronismo, era de una obsecuencia legendaria.

Cuando el diario ABC recurrió la orden por la que fue clausurado, Clotildo dictaminó que “eso no puede considerarse como una pena o castigo, pues solo se trata de una medida provisional que tiene por objeto la preservación del orden público”.

Cuando Juan Carlos Galaverna estaba exiliado en la Argentina y hacía infructuosos intentos por reingresar al país, se le ocurrió presentar un recurso de amparo para que lo dejen entrar. El caso llegó a Clotildo, quien se expidió en forma negativa: Galaverna no pasaría porque era comunista. Y, como prueba, alegó que el mismo tenía amistad con artistas argentinos subversivos como Mercedes Sosa y Horacio Guaraní.

Cuando unos cuantos médicos denunciaron ante el fiscal general al director de un hospital público que había anunciado que solo admitiría como practicantes a afiliados al Partido Colorado, Clotildo tampoco tuvo dudas. Sentenció que la acción del director era correcta, pues estaba “enmarcada en la doctrina de la seguridad nacional, cuyo objetivo es la consolidación de la democracia sin comunismo”.

Clotildo usaba su institución como garrote a los opositores y protección a los políticos y militares stronistas. Sus dictámenes enviaron a muchos inocentes a la cárcel, otros perdieron sus trabajos o se vieron obligados a marcharse del país. Todo dentro de la ley, pues el fiscal contaba con un instrumento fantástico para legitimar esa represión inapelable: La Ley 209 “de defensa de la paz pública y libertad de las personas”. Clotildo blanqueaba el trabajo inmundo de los torturadores y de quienes les daban órdenes. Sus imputaciones lapidaban a los opositores, pero jamás molestaban a los dueños del poder. Su rigor era selectivo y discriminatorio, aunque nadie luego esperaba otra cosa. La Fiscalía era el rebenque judicial del despotismo.

Se suponía que, con el imperio de la democracia, ese tipo de instituciones pasaría a representar a toda la sociedad. Lo que vimos en estos días demuestra que aún estamos lejos de ese ideal. Que se haya pretendido imputar a ciudadanos que acudieron a un acto en el que expresaban su indignación por la muerte de dos niñas en el enfrentamiento con el EPP es indefendible. Cuando quedó claro que ninguna de esas personas –entre ellas un reconocido escritor de 82 años– participó de los estúpidos actos vandálicos al Panteón, los imputaron por hablar sin haber usado tapabocas. Lo ridículo es que tiempo antes Horacio Cartes se mostró del mismo modo con el argentino Macri y en el casamiento de su hija y a ningún fiscal, por nada del mundo, se le ocurriría imputarlo de modo tan antojadizo.

Esta gente ni siquiera disimula. Le interesa averiguar quiénes fueron los que enviaron coronas de flores a la Junta de Gobierno, pero desde hace casi un año no avanzó un centímetro en la investigación del acta entreguista de Itaipú. Imputaron a dirigentes juveniles del PLRA por las grandilocuentes acusaciones de alterar la escena del crimen, hacer sabotaje informático y frustrar la investigación penal. La realidad es que si esos muchachos no hubieran preservado las grabaciones de las cámaras del local, hoy la mentirosa versión oficial se hubiera impuesto. No habría videos, como en Curuguaty. Eso sí, nunca quisieron investigar lo más importante: El cruce de llamadas que podría llevar a los políticos que ordenaron la invasión a tiros a un local partidario. Algo que ni Stroessner se animó a hacer.

Si, inicialmente, decepcionó por su inacción, hoy indigna por su parcialidad. Cuando cayó Stroessner, Clotildo hizo un brusco viraje para intentar salvarse: Imputó a todos los jerarcas del antiguo régimen. Era tarde, solo le sirvió para terminar en el basurero de la historia del modo más humillante: Fue rajado del cargo. Alguien debería aprender de las lecciones que dejó Clotildo.

Fuente:  ULTIMA HORA (ONLINE)

www.ultimahora.com

Sección OPINIÓN

Sábado, 19 de Septiembre de 2020

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