Portal Guaraní - DISIMULEN, LLEGARON LOS DE GAFILAT - Por ALFREDO BOCCIA PAZ

¿Qué tienen en común Óscar González Daher, su hermano Ramón, Javier Díaz Verón, Ulises Quintana, Cynthia Tarragó, Juan Ángel Napout, Nicolás Leoz, Kassem Hijazi, su hermano Khalil y Liz Paola Doldán? Todos ellos comparten la circunstancia de estar vinculados a hechos de corrupción en los que se movieron montañas de dinero sin que la Justicia paraguaya los haya mayormente molestado. Y que su bienestar haya sido alterado solo después de que desde el exterior (sea la Justicia norteamericana, la DEA o la FIFA) los hayan señalado como corruptos o directamente apresados.

Realmente es para morirse de vergüenza que nuestro pobre país tenga que ser tutelado desde afuera como si fuéramos niños mal comportados, incapaces de corregirse solos. Lo que nuestros jueces no se animan a hacer, nos lo imponen desde el exterior. Recién entonces los poderosos de este país dejan de ser intocables. Cuando escucho hablar de la “falta de institucionalidad del Paraguay”, me salta a la mente esta realidad tan humillante.

Tan flagrante y luminosa es la impunidad en el Paraguay que pretender que en un mundo hipercomunicado nadie se entere de ello también es una actitud infantil. Curiosamente, es exactamente eso lo que pretenden algunos políticos colorados que acusan a sectores de la oposición de buscar dañar la imagen del país al hablar de corrupción justo cuando está en el país la misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

El diputado Walter Harms sugirió que se podrían evitar las nefastas consecuencias de que un informe negativo nos devuelva a la lista gris de países poco confiables disimulando algunas “imperfecciones”. El secretario político del Partido Colorado, Darío Filártiga, fue mucho más lejos; denunció que el Frente Guasu aprovecha la evaluación de Gafilat para “desacreditar al Gobierno y lograr réditos políticos siguiendo la agenda violenta y mentirosa del Foro de San Pablo”.

Se han sumado otras voces a esta insólita campaña de instalar la idea de que quien denuncia a los ladrones y sus cómplices es un traidor que desea complicar la economía nacional por la disminución de inversiones extranjeras. La realidad es absolutamente inversa. La falta de credibilidad del país es culpa de los jueces, fiscales, políticos y funcionarios que sostienen la aceitada estructura de corrupción e impunidad que aquí impera.

La prisión de Kassem Hijazi en Ciudad del Este por parte de agentes de la Fiscalía y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) jamás hubiera ocurrido sin la presión de un tribunal de Estados Unidos. El hombre lideraba un esquema de evasión y lavado de dinero que movía un millón de dólares al día desde 1998. La intervención de agentes del FBI obligó a la Fiscalía a imputarlo en 2004. Como era previsible, cuatro años más tarde fue absuelto por un tribunal de sentencia integrado por Ana Arréllaga, Graciela Flores y Efrén Giménez. Después, el fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones y luego por la Corte Suprema, que rechazó una acción de inconstitucionalidad. Todo fue tan burdo e inverosímil que hoy el vicepresidente Hugo Velázquez dice que “hubo millones de razones para que se blanquee a Kassem”.

A Kassem y sus socios les cayó la noche ahora, pero no por una decisión del Gobierno o por la enérgica acción de sus fiscales o jueces. Al contrario, el informe norteamericano sostiene que los acusados de lavado de dinero son protegidos por políticos, policías y, justamente ellos: fiscales y jueces.

Ellos se enriquecen mirando para otro lado, pero los traidores a la patria son los que los denuncian. Las cosas se han puesto patas para arriba. Los auténticos vendepatrias son los que pretenden que soportemos en silencio la infamia de que falte dinero para salud y educación, mientras dejan sin castigo el robo al dinero público. ¡Qué notable! Llegan a la caradurez de pedirnos que disimulemos cuando vienen a examinarnos.

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