ANÁLISIS DE COYUNTURA DE LA SITUACIÓN POLÍTICA DE LA JUSTICIA PARAGUAYA
POR JORGE ROLÓN LUNA
TEMA: RENOVACIÓN DE LA JUSTICIA Y DE LA CORTE SUPREMA: DESAFÍOS PARA LA CIUDADANÍA ORGANIZADA. 6 DE MARZO DE 2009
Podríamos centrarnos en primer término en las normas constitucionales que rigen la elección de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y también las que establecen las competencias y funciones de este poder del Estado. Creo que el colega que me sigue podrá realizar esta tarea con una mayor solvencia y considero que otro enfoque podrá contribuir a complementar la discusión de esta noche.
Ya en el año 2002, en el controversial documento denominado “Diagnóstico Institucional de la República del Paraguay”, realizado en el marco del Proyecto “Red y Sistema Latinoamericano de Información y Conocimiento sobre gobernabilidad” por el Institut Internacional de Governabilitat de Cataluña con el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se puntualizaban, trece años después de iniciada la transición algunos de los vicios que hoy se cuestionan al Poder Judicial. Entre otros: falta de independencia del mismo, bajo desempeño en relación al número de casos que recibe el sistema, debilidades organizacionales de la gestión judicial, inexistencia de la carrera judicial, el limitado papel que se otorga a la educación de los jueces y abogados, obstáculos para el acceso a la justicia para grandes sectores de la población, corrupción, esta última expresada en la “compra de decisiones judiciales y en el sistema de pagos de abogados y clientes que deben cancelar para poner en funcionamiento la notificación o el movimiento de determinados expedientes”. No escaparon a as críticas, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio Público ni la Escuela Judicial. Parecería que eso fue escrito hoy y alguno dirá que la cosa ha empeorado, y tal vez tenga razón. Previamente a eso, en el año 2001, otra investigación de las Naciones Unidas en el Paraguay había definido la situación de nuestro país como la de un “limitado alcance del Estado de Derecho”, al referirse concreta aunque no únicamente a la falta de acceso a justicia.
Para realizar un breve análisis de coyuntura de la realidad del Poder Judicial, no hay más que mirar hacia atrás, releer algunos documentos como el mencionado y agregar algunas cuestiones que han cobrado actualidad pero que son historia conocida. No olvidemos que anteriores ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos (y otros renunciaron antes de serlo) por la vía del juicio político, porque, entre otras cosas, habían recurrido a sus pares para ser confirmados de por vida. Por más increíble que resulte, hoy se repite la historia, demostrando la absoluta falta de institucionalidad de un país que no construye prácticas políticas ni jurídicas (que es lo que se denomina justamente institucionalización) sino que tiene a sus altos funcionarios ajustando sus criterios en importantes cuestiones de Estado, a la mera existencia coyuntural de mayorías en las Cámaras del Congreso.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA JUDICIAL PARAGUAYO Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO
Es ahí que, para analizar al sistema judicial paraguayo se hace insuficiente el mero análisis jurídico e incluso el meramente político. La errada frase “politización de la justicia”, sin embargo, a pesar del equívoco conceptual, resume en alguna medida parte del problema. Conviene aclarar aquí que el poder judicial, al ser un poder del Estado, tiene un rol eminentemente político, pues las decisiones que ahí se toman, afectan muchas veces a la política criminal del Estado, dirimen conflictos políticos de relevancia que ni hace falta mencionar por ser de todos conocidos y por el carácter altamente político de esos casos, y deberían definir la relación entre el capital y el trabajo, el derecho de propiedad, el derecho a la vida, los límites que tiene el Estado en su intromisión con la vida del ciudadano común, entre muchos otros, esto si es que no pierde su tiempo este poder en otros menesteres. Y de eso, justamente les quiero hablar. En algunos casos, como el muy conocido de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, su rol decisorio y definitorio en importantes temas, apenas es pertinente mencionarlo. Hoy día es objeto de intenso debate en el Brasil el rol cuasi legislativo del Supremo Tribunal Federal (STF), decidiendo en cuestiones que, en principio son responsabilidad del Poder legislativo, como por ejemplo:
a) concejales, discusión del número de representantes por municipio,
b) creación y desmembramiento de municipios, definición de situaciones en que eso es procedente,
c) fidelidad partidaria, discusión si el mandato parlamentario es del político o del partido,
d) huelga en los servicios públicos, los límites de estas paralizaciones,
e) jubilación especial, concesión de beneficios a trabajadores en actividades de riesgo,
f) esposas, límites en el uso de ese instrumento,
g) nepotismo, discusión sobre la contratación de parientes en el servicio público (decisión, prohibición de la práctica en los tres poderes),
h) caso Raposa Reserva Raposa Sierra del Sol, la demarcación de la reserva indígena, escenario de un inmenso conflicto entre indígenas y productores rurales,
i) el caso “mensaläo” que involucraba un esquema de pagos a diputados del partido de gobierno para aprobar proyectos de ley, el más grave escándalo de corrupción de la historia política del Brasil
j) fetos anéncefalos, autorización para aborto de fetos con malformación cerebral,
k) cuotas raciales en las universidades, la legalidad de reserva de lugares para negros en universidades públicas,
l) casamiento homosexual, la extensión de los derechos legales para parejas del mismo sexo.
Estos ejemplos, sin hacer juicios de valor acerca de las decisiones que se han tomado o se habrán de tomar en estos casos, sirven para ilustrar la diferencia entre lo que acontece hoy con nuestro poder judicial, enfrascado en discusiones y decisiones que afectan a la permanencia de sus miembros en los cargos, a atropellos constitucionales con el objeto de permitir participaciones políticas no admitidas por nuestro ordenamiento constitucional-legal, en pago por el favor político de mantener en sus cargos a estos magistrados. No sabemos de que nuestra Corte Suprema de Justicia se esté ocupando de asuntos controversiales por su complejidad jurídica o su importancia para la vida ciudadana, amén de los casos de corrupción que fueron penados en primera y segunda instancia para luego ver como el más alto tribunal otorgaba la impunidad de quienes todos sabemos han robado al pueblo.
Ahora, la pregunta que cabe obviamente es ¿por qué ocurre todo esto? La respuesta no es tan obvia aunque lo parezca, pues mas allá de los aspectos procedimentales que hacen a la selección de jueces, al deficiente control y juzgamiento de la labor de los jueces, está la permisividad de una sociedad que no ha creado aún suficiente masa crítica ni una capacidad de movilización que atemorice a los grupos corruptos empotrados en las instituciones del Estado. A este respecto, señala Milda Rivarola que “Las reacciones populares epopéyicas (abril del 96, marzo del 99) apagan incendios coyunturales, pero son ineptas –y lo aprendimos dolorosamente- para compensar falencias estructurales”
A eso se debe sumar un complejo escenario social donde las desigualdades sociales, la marginalidad, el crecimiento impresionante de la criminalidad organizada y de los delitos violentos ha llevado a las poblaciones latinoamericanas a demandar al Poder judicial soluciones cuasi mágicas para las cuales no posee ni la capacidad institucional, ni humana, a la que se debe sumar lo mencionado previamente.
Como señala un documento del PNUD: “El impacto social y económico del delito y de la violación de derechos humanos fundamentales, el atraso judicial, la existencia de leyes oscuras y de procedimientos lentos, la corrupción y parcialidad de algunos jueces, el creciente número de menores infractores, las continuas y casi generalizadas crisis en los centros penitenciarios, facultades de Derecho que administran programas de estudio diseñados para otra épocas, escuelas judiciales sin recursos suficientes para ejecutar programas de desarrollo de recursos humanos y operadores del sistema desconocedores del Derecho, son algunos de los problemas que aparecen por doquier¨; este gran debate, compresiblemente teñido de protesta y decepción social, se da desde el río Grande hasta la Patagonia y desde las islas antillanas hasta los pueblos andinos, llenando de preocupación a ciudadanos y generando, en las autoridades judiciales, una sensación de impotencia frente a la recién descubierta magnitud del problema. Resulta tan reciente la reacción de desconfianza hacia el sector justicia que los esfuerzos tendientes a reformarlos carecen de una biografía confiable y detallada. Existe una gran ausencia de estudios relativos no sólo de los hechos, sino – lo que es más importante – de explicaciones historiográficas. Los Estados intentan enfrentar el problema, pero sus recursos han sido dramáticamente reducidos por el gran esfuerzo a la solución de los problemas sociales, el impacto de la corrupción y el enfrentamiento al reto planteado por el movimiento globalizante de la economía. (…) Las reformas judiciales deben ser de carácter integral, pues a fallar una de sus partes disfunciona el total…”
En otras palabras, ¿cambiará algo con nuevos y mejores miembros de la Corte Suprema de Justicia…?
Creo pertinente –aunque atrevido de mi parte como “apenas” abogado- analizar esta problemática desde la perspectiva de una antropología del poder. Como dice un autor: “Los antropólogos, lejos de pensar que hay un corte neto y casi preestablecido entre lo que es político y lo que no lo es, pretenden entender mejor cómo se entretejen las relaciones de poder, sus ramificaciones y las prácticas a las que dan lugar. La investigación trae a la luz los "lugares de lo político" que no corresponden necesariamente a nuestra percepción empírica, que tiende por su parte a limitarse a las instancias formales de poder y a las instituciones”. Creo que de ahí se debe aterrizar en nuestra cultura política, pues “no tener en cuenta las condiciones materiales y la estructura de poder y centrarse sólo en interpretaciones simbólicas e ideacionales de la política es inconducente, si nuestra pretensión es la comprensión de la conducta sociopolítica”. Siguiendo a Alejandro Vial Saavedra, en su trabajo “Cultura, política y ciudadanía”: “Pocas veces se tiene en cuenta la cultura al momento de implementar políticas, lo que se traduce en pérdida de recursos y tiempos, pues se adoptan cursos de acción que generan resistencias innecesarias. A pesar de que los aspectos culturales son decisivos en la determinación de las prácticas políticas, su importancia se desconoce”
O sea, ¿por qué está pasando lo que está pasando?, para de ahí buscar los mecanismos de cambio que permitan finalmente, iniciar un proceso de institucionalización de esos cambios.
El concepto de cultura política requiere convertirse en un instrumento neutro, que sirva para analizar o investigar la diversidad de esas matrices culturales que permiten orientar la actividad política en una sociedad en un momento dado.
“Así como puede hablarse de una cultura política democrática, puede resultar justificado hablar, en otro contexto, de una cultura política autoritaria, cuando predominan ciertas actitudes culturales que más bien favorecen la instalación o el mantenimiento de regímenes políticos autocráticos”.
Se ha señalado que “quien primero formuló de manera sistemática la posible influencia de factores culturales en el proceso de gestación y desarrollo del capitalismo fue Max Weber. Su célebre tesis sobre la importancia de la ética calvinista que habría facilitado el proceso de acumulación requerido en la dinámica capitalista así lo pone de manifiesto. La originalidad, no obstante, de Inglehart reside más bien en su señalamiento de que, una vez alcanzado un cierto nivel de desarrollo en las sociedades industrializadas avanzadas, se hace posible y aparece, de manera paradójica, una serie de valores postmaterialistas, centrados en el altruismo o en la preocupación más general por la calidad de la vida”.
Distanciándose de las posturas clásicas de Almond y Verba que conceptuaron como cultura política las actitudes y orientaciones de los individuos ante la política, un autor italiano (Antonio Caciagli) propone un acercamiento que considera a la cultura política como una red de relaciones.
Así, para este autor, la cultura política se sostiene “en ideas y valores, en símbolos y normas, en mitos y ritos compartidos por una comunidad que forjan una mentalidad. Se expresa en comportamientos concretos y reiterados, en redes de estructuras materiales o psicológicas que elaboran y transmiten esa cultura, que no es un abanico de creencias, sino un código simbólico que adquiere sentido en un contexto social y que guía y condiciona el pensar, el actuar y el sentir de los actores políticos” Para Caciagli, el clientelismo en sus formas vertical u horizontal, constituye una cultura política.
“Estamos frente a una cultura política, porque ideas y valores, símbolos y normas, mitos y ritos, compartidos por una comunidad, influyen sobre su comportamiento político y sobre su actitud frente a las instituciones, regulando en suma su manera de vivir la política”.
“Sin llegar a los datos más inmediatos que representan la ley y la institución, es importante considerar la relación del poder y las estrategias que se tejen dentro de los aparatos”.
Considero que es esto lo que debemos tratar de comprender para desnudar los mecanismos clientelares y corruptos que guían nuestra vida política, para actuar sobre ellas y poder cambiarlas; ello no se logrará si la participación ciudadana, una participación que debe poseer elementos cualitativos para no caer en la mera protesta sino en el reclamo de la puesta en marcha de mecanismos que pongan contra la pared a las viejas prácticas que no se han ido y que a este paso tardarán en irse.
Ello requiere de una reflexión teórica sobre el concepto de poder y sobre nuestras prácticas políticas que están teñidas de clientelismo, patrimonialismo, amiguismo, nepotismo y corrupción. Cuándo, dónde y cómo se iniciaron y por qué perviven hasta ahora. Cuál ha sido el rol de los partidos políticos y de la ciudadanía para llegar a este estado de cosas, que insisto, no pasa únicamente por el cambio de hombres, por más que podamos estar de acuerdo en última instancia con Ehrlich, citado por Geny para quien, a la larga “no existe nada que garantice la justicia, excepto la personalidad del juzgador”. Pero los jueces y fiscales honestos se terminan ahogando cuando la estructura funciona privilegiando las prácticas deshonestas y antidemocráticas.
Esa reflexión teórica sobre la influencia de la cultura política de nuestro país, que no se contrarresta con más o mejores normas jurídicas, apenas existe y quien les habla apenas pretende nada más aproximarse a un análisis y no a un diagnóstico pues eso deberá ser obra de antropólogos, sociólogos y politólogos. Hablando de la importancia de la cultura política, justamente, otro autor, cuyas palabras compartimos, señala que “La tesis aquí propuesta no trae consigo soluciones simples ni de corto plazo. Promover, estimular y lograr el predominio de valores, creencias, actitudes, comportamientos y prácticas políticas y democráticas en la dirigencia política es un proceso de socialización complejo y de largo plazo, casi generacional. La cultura política de una dirigencia política es el reflejo de la cultura cívica que predomina en una sociedad, y en su dirigencia cívica, empresarial, laboral, deportiva, etc. Por lo tanto, el proceso de socialización de valores y prácticas democráticas debe comenzar desde "abajo" y temprano en la vida.
PRINCIPALES PROPUESTAS PARA SU RENOVACIÓN
CUOTEO POLÍTICO
NO AL CUOTEO; ELECCIÓN DE MINISTROS DE LA CORTE POR SUS MÉRITOS.
Los principales actores políticos de nuestro país apuestan sin lugar a dudas mayoritariamente al nunca bien ponderado “cuoteo político”, que podemos resumirlo en la folclórica frase “péa che, péa ndé”. La contrapropuesta de elegir a los mejores desde el punto de vista de su currículo y su trayectoria personal o pública tiene la debilidad de que la misma requiere un consenso que no existe entre quienes, sabemos, se mueven en base a otra pautas éticas y al deseo de tener al correligionario o esbirro en tan alta instancia judicial, con el propósito de controlar un poder esencialmente político y de hacer negocios. ¿Cómo se romperá ese esquema que está anclado en lo más profundo de nuestra cultura política? Nadie tiene la respuesta, especialmente luego del fallido intento realizado por nombrar a un juez para cubrir una vacancia en la Corte, que en última instancia, era parte de una negociación de cuoteo.
Lastimosamente, al decir de alguien, “la velocidad de los cambios institucionales, es muchas veces la de la formación de los glaciares”. El reto es para la sociedad civil organizada, para la intelectualidad paraguaya, para los políticos, y para todos quienes desde una perspectiva ética no aceptan más una justicia como la que tenemos en el Paraguay.
Bibliografía
Abélès, Marc: La antropología política: nuevos objetivos, nuevos objetos, en Revista Internacional de Ciencias Sociales, Nº 153, UNESCO, 1997, www.unesco.org/issj/rics153/titlepage153/htlm
Caciagli, Mario: Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada: evidencias empíricas y propuestas teóricas a partir de los casos italianos. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996.
Cardozo, Benjamin Nathan: La Función Judicial. Yale University Press, 1921.
Diccionario Electoral: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Tomo 1, San José, 2000.
Geny, Francois: Methode d´Interpretation et sources en droit privé positif, Vol II, en Modern Legal Philosophy Series, 1919.
Perina, Rubén: Cultura Política y Gobernabilidad. Novapolis, 2003
PNUD: Gobernabilidad, y Desarrollo Democrático en América Latina y el Caribe, sf.
Rivarola, Milda: Sociedad, y Política, Una Tortuosa Relación, en Cultura Política, Sociedad Civil y Participación Ciudadana. El Caso Paraguayo. Cird, USAID, Asunción, 2003.
Sistema de Naciones Unidas en el Paraguay: “Visión conjunta de la situación en el Paraguay”, 2001.
Vial, Alejandro: Cultura Política y Ciudadanía, en: Cultura Política, Sociedad Civil y Participación Ciudadana. El Caso Paraguayo, Alejandro Vial Saavedra (Coordinador). Cird, USAID, Asunción, 2003.
Fuente digital : http://www.decidamos.org.py
DECIDAMOS, CAMPAÑA POR LA EXPRESIÓN CIUDADANA
Registro: Setiembre 2011
