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JUAN CARLOS YUSTE


  CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, TERRORISMO DE ESTADO Y ESTADO DE DERECHO (JUAN CARLOS YUSTE)


CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, TERRORISMO DE ESTADO Y ESTADO DE DERECHO (JUAN CARLOS YUSTE)

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, TERRORISMO DE ESTADO Y ESTADO DE DERECHO
 
JUAN CARLOS YUSTE


 

Ponencia presentada durante el Panel-Debate

"Criminalización de la pobreza en Paraguay"

organizado por CEPAG-STS-SPP

 

 

INTRODUCCIÓN

 

Es necesario matizar una expresión que está tomado mucho auge en estos últimos tiempos en Paraguay: criminalización de la pobreza, ya que no es tanto la pobreza lo que se criminaliza sino la organización y protesta de los pobres. La pobreza no molesta mientras no reclame; y cuando reclama es necesario desarticularla y deslegitimarla. El actual discurso para ello es el de asociar la delincuencia y la criminalidad con los pobres organizados que reclaman sus derechos. Es así que deberíamos hablar más bien de "Criminalización de la protesta".

Desde el comienzo de la transición organizaciones campesinas vienen denunciado la muerte de 79 dirigentes "la mayoría de los cuales cayeron en emboscadas preparadas por grupos parapoliciales financiados por propietarios, con la aquiescencia, y a veces con la colaboración directa, de la Policia Nacional. Asimismo son frecuentes los homicidios arbitrarios en desalojos de ocupaciones o en represón a manifestaciones del sector" (Codehupy, 2002:222). Solo el año pasado murieron 3 campesinos organizados en estas circunstancias. Cada vez más, las manifestaciones son reprimidas con uso excesivo e indebido de fuerza; y el amedrentamiento y la amenaza a vecinos/as organizados/as se hace cotidiano en numerosos lugares del país. Prácticamente ningún responsable ha recibido castigo por estos hechos; es más, en la mayoría de los casos ni se investiga realmente ni se realiza imputación fiscal.

Pero este panorama, que se había vuelto cotidiano a lo largo del tiempo, ha dado un giro más de tuerca con el gobierno de González Macchi a través de algunos casos simbólicos que mostraron las consecuencias del cambio de escenario nacional e internacional, y la recuperación de espacios por parte de grupos conservadores. Ejemplos son los casos Arrom y Martí, donde se hicieron visibles los grupos parapoliciales que, según denuncias, actuaban al amparo de la institución policial y fiscal; el caso Marquetalia, que hizo emerger la persecución fiscal más allá de los límites del Derecho; y el caso Villalba, con el arsenal de armas, libros y música tan oportunamente encontrados. Estos casos comparten un mismo telón de fondo, una misma explicación y un mismo discurso que gira alrededor de la vinculación entre ideología, delincuencia y movimientos sociales.

 

EL ESCENARIO SE MUEVE

 

Tras el 11 de setiembre se rompe cierto consenso internacional sobre la vigencia de garantías y derechos de las personas; y el país hegemónico mundial abre la ventana de la violación de DD.HH. para perseguir determinados delitos (terrorismo). Miles de personas en el mundo son perseguidas, maltratadas y sus derechos disminuidos o anulados, por meras especulaciones, sospechas o relaciones inconexas. Un país entero es castigado a una agresión bélica por albergar a un grupo terrorista, otro país es bombardeado e invadido por posesión de armas nucleares inexistentes y miles de sus habitantes mueren "colateralmente". El paradigma mundial de respeto a los DD.HH. se modificó y encontró una excepción: el terrorismo.

La primera señal sobre el impacto del nuevo paradigma de la inseguridad en el Paraguay se realizó con la detención de ciudadanos de origen árabe en Ciudad del Este, perseguidos como posibles miembros de la red Al Quaeda. Sin pruebas concretas ni concluyentes decenas de árabes fueron detenidos y encarcelados durante meses mediante el accionar de la Policía, Fiscalía y Poder Judicial dirigidos por la Embajada y el gobierno norteamericano. Tras la escasa reacción ciudadana (escaso costo político interno) originada con la detención y prisión de este grupo y el silencio internacional (máximo beneficio en las relaciones con EE.UU.), las élites de poder comprobaron la efectividad y vigencia del nuevo paradigma, y la oportunidad de volver a la política de mano dura y reconquistar espacios perdidos.

A nivel nacional, con el gobierno de González Macchi, las fuerzas de poder se reacomodaron. Por un lado, continuó la fragmentación de los grupos en una especie de feudalización del poder (las instituciones son cooptadas por sectores de poder en pugna); por otro lado, el grupo dominante era hijo del stronismo y no tardó mucho tiempo en revivir las prácticas, los discursos y las justificaciones que tan buenos resultados le dieron durante la dictadura.

Con el nuevo discurso legitimador de la mano dura y deslegitimador de los DD.HH., con el neostronismo en el poder formal, y con el discurso del miedo y la inseguridad, los grupos de poder endurecieron sus prácticas y buscaron nuevas estrategias de reposicionamiento, que debilitasen a sus adversarios sociales.

 

INSTITUCIONALIDAD GARANTISTA VERSUS CONSERVADORA

 

Una de las confrontaciones institucionales más fuertes acontece alrededor del control del sistema penal. Con la favorable coyuntura de los comienzos de la transición y la renovación del Poder Judicial desde 1994, se inició un proceso de reforma del sistema penal que partía de una concepción garantista del derecho contra la concepción represora del viejo sistema, basada en el modelo inquisitivo. A través de un nuevo Código Procesal Penal, y en menor medida, del nuevo Código Penal, se comenzó a desmontar el sistema legal represor stronista y a restituir al poder judicial el control del sistema penal. Anteriormente este control se hallaba, en los hechos, en manos de la Policía que determinaba quien entraba o no en el sistema penal (a través de la denuncia), y quien salía o no del mismo (a través de la investigación). Este poder fue fragmentado entre la Fiscalía y los Juzgados de Garantía y de Apelación. Además, se cambió el proceso y se hizo oral y público, con lo que la discreccionalidad y la corrupción se veían amenazadas (anteriormente el proceso era no publico y escrito). Asimismo, se modificaron los procedimientos administrativos rompiendo el control de las secretarías sobre los expedientes. También se instaló el principio de inocencia por el que se presume la inocencia del acusado/a hasta tanto se demuestre su culpabilidad (al contrario que en el modelo inquisitivo donde se presuponía la culpabilidad y lo que había que demostrar era la inocencia). Y se resituó la racionalidad de la relación delito/pena, adecuando esta en gran medida a la Constitución Nacional y a sus metavalores (básicamente los DD.HH. y libertades públicas). Por último, la renovación implicó el ingreso de numerosos/as jueces y fiscales que rompieron la hegemonía oficialista e hicieron más difícil el acceso preferencial para los poderes fácticos.

En definitiva, ciertos grupos de poder en el Paraguay perdieron su capacidad de controlar y manejar el poder punitivo del Estado, concentrado en el Poder Judicial, al ver seriamente limitado el control del poder real de punición del sistema judicial y establecerse una serie de controles y contrapesos a las agencias del Estado involucradas, con la consecuente amenaza para el mantenimiento del status quo que beneficiaba a estos grupos. Por ello se hacía necesaria una contrareforma conservadora que revirtiese el proceso de reforma garantista del poder judicial iniciada desde los inicios de la transición.

Esta vuelta a una institucionalidad más conservadora ha estado apoyada por diversos grupos de poder, no necesariamente interrelacionados entre ellos. Algunos grupos tienen ligazones más estrechas con la mafia, otras con círculos empresariales acostumbrados a medrar a costa del Estado, y otros simplemente son conservadores. Pero todos ellos sienten que han perdido parte de su poder, y todos establecen el control social como una de sus prioridades, y el discurso del miedo y la inseguridad como su estrategia.

 

LAS DIMENSIONES DEL MIEDO Y LA INSEGURIDAD

 

Como decíamos, no podemos hablar de una unidad de acción de los diferentes grupos que buscan recuperar el control del sistema punitivo legal. No obstante, sintéticamente podemos hablar de cuatro dimensiones estratégicas generales para reconstruir el poder fáctico en Paraguay, que se articulan inorgánica pero efectivamente en:

 

DIMENSIÓN ACCIÓN DIRECTA:

 

La primera es fáctica y se basa en la organización de grupos de operaciones especiales al margen de la ley (paramilitares y parapoliciales), que permitan realizar operativos ilegales y que "monten" escenarios ficticios que distraigan la atención de los verdaderos focos de interés. Sus objetivos son realizar los "trabajos sucios" y ofrecer pruebas a los actores institucionales y mediáticos que relacionen ideología, violencia y movimientos sociales.

En esta dimensión parecen involucrados actores institucionales como segmentos de la Policía y de la Fiscalía Gral. del Estado (a través del CIJ, fundamentalmente); asimismo personas pudientes que organizan sus propios grupos armados o aportan a otros ya formados.

 

DIMENSIÓN JURISDICCIONAL:

 

La segunda es institucional, y busca controlar el sistema de contrapesos entre agentes judiciales a través de un pacto para inhabilitar las medidas garantistas del Código Procesal Penal. Para ello se busca el otorgamiento selectivo de las medidas substitutivas de prisión; la concordancia con la petición fiscal por parte de juez de garantías o de apelación, entre otros. La idea es inhabilitar por la vía de la práctica las nuevas figuras garantistas y reeditar de hecho viejas figuras inquisidoras como el principio de culpabilidad o la reclusión provisoria como elemento punitivo, de presión o escarnio.

Los actores institucionales que parecen involucrados en esta dimensión son algunos/as representantes de la Fiscalía Gral. del Estado y de los Juzgados de garantía / apelación, principalmente.

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA:

 

La tercera es mediática y tiene como objetivo la extensión de la cultura del miedo y la inseguridad y la imposición del discurso de criminalización de la protesta social, a través de la difusión exarcerbada de delitos/símbolo (como los secuestros); de propaganda para incrementar la sensación de inseguridad (sobre todo asociada a delitos menores o especiales); de la crítica a jueces y resoluciones judiciales que defiendan los principios garantistas; de la enfatización casi exclusiva de aspectos estratégicos para la acusación y la elusión de incoherencias manifiestas que desvirtúen la misma; y de la difusión de rumores, dándoles el carácter de información.

Los actores que parecen sumarse a esta dimensión son algunos periodistas (sobre todo del área policiales), algunos dueños de MCS y algunos jefes de redacción.

 

DIMENSIÓN POLÍTICA:

 

La cuarta es política y busca controlar los mecanismos de selección y remoción de magistrados y fiscales. Con ello se intenta volver a llenar de "amigos" el Poder Judicial a fin que no funcionen los mecanismos de contrapeso de agentes judiciales hasta tanto se cambia la estructura y se hace de nuevo manejable. También se plantea la aprobación de una ley antiterrorista que legalice los "excesos necesarios" en la acción punitiva del Estado; y que en la práctica desmonte las medidas garantistas del ordenamiento legal vigente.

Los actores institucionales que parecen apoyar esta dimensión serían algunos ministros de la Corte Suprema, la mayoría del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, algunos Parlamentarios y sectores cercanos a la élite del Poder Ejecutivo.

 

 

EL PAPEL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

 

 

Los movimientos sociales han reaccionado desigualmente ante esta estrategia de criminalización de la protesta social. Existen una serie de dificultades en y entre los sectores sociales que han facilitado el éxito de esta estrategia. Algunos de estos elementos son: la fragmentación y el distanciamiento de las organizaciones sociales; el escaso desarrollo de actividades conjuntas entre organizaciones (debil trabajo en red); las prácticas poco respetuosas del otro en los trabajos conjuntos; los excesos de purismo que conlleva reservas y exclusión hacia el otro; la poca comprensión del rol del partido y su vinculación con las organizaciones sociales; la pérdida del discurso de los DD.HH. por parte de las organizaciones sociales; la pérdida/disminución de la capacidad litigante y activista de organizaciones de DD.HH.; la radicalización de los discursos en ciertos grupos (sin bases organizadas ni estrategias de comunicación social ni capacidad real de movilización ni contenidos consolidados), especialmente en lo referente a la exaltación de la lucha armada y los medios violentos para la consecución de objetivos políticos; la falta de una visión política general más allá de los sectores que ayude a realizar alianzas en temas comunes.

En medio de este panorama las reacciones de los movimientos sociales han sido más bien espasmódicas (como la movilización contra las privatizaciones y la ley antiterrorista; muy exitosas pero puntuales), muy acotadas en el tiempo, mayormente desorganizadas y con grandes dificultades para mantener un trabajo permanente con objetivos concretos. Por ello, la reacción sólo emerge ante necesidades/casos puntuales permaneciendo latente entre episodios, y teniendo, simplemente, una posición defensiva y reactiva. En este sentido, el control del tiempo y de los temas de la agenda lo establecen los impulsores de la estrategia de criminalización, y los movimientos sociales van respondiendo desordenadamente a estos.

 

CONCLUSIONES

 

Uno de los grandes ejes en la confrontación social se sitúa alrededor de quien logra extender al resto de la sociedad su definición del conflicto social en que se halla inmerso. Lograr que la ciudadanía vea el conflicto en los términos y bajo el enfoque que interesa a un sector se convierte en uno de los grandes objetivos de la transformación social, ya que implica la llave de la legitimidad social de unos y la deslegitimidad de los otros. Redefinir el conflicto en sus propios términos es uno de los trabajos primordiales de los movimientos sociales.

El giro de tuerca que se observó con el gobierno de González Macchi es el intento por imponer el discurso de la criminalización de los movimientos sociales, y la criminalización de las ideologías "radicales", por el cual todo movimiento social que sobrepase los límites de lo aceptable para los "dueños del poder" es deslegitimado socialmente al asociarlo a una ideología y una práctica delictuales que buscan subvertir el orden establecido. En este escenario de lucha por la redefinición de conceptos se puede interpretar el intento de las mafias asociadas a González Macchi de catalogar a los movimientos sociales y a ciertas ideologías como parte de grupos delincuenciales.

El elemento deslegitimador no es la desobediencia de leyes o la ocupación de propiedades (discurso fracasado en el pasado y que cuenta con cierto apoyo social) sino el componente violento y delictual que conlleva. (1) Este es el nuevo filón argumentativo desde el cual construyen la represión.

La criminalización de la protesta es un discurso político que, en base a un elemento deslegitimador, trata de atribuir al grupo meta los componentes negativos de su discurso y así limitar su apoyo social. El elemento deslegitimador es el de la violencia social, y se trata de atribuir este elemento a los grupos que reclaman derechos.

El mecanismo de atribución tiene un contexto que necesita ser construido y reforzado que, en este caso, es el discurso del miedo y la inseguridad. Pero no cualquier sentimiento de inseguridad, sino aquellos relacionados a delitos comunes o especiales. Una vez instalada la percepción de inseguridad en el imaginario colectivo se tiene que construir un puente entre dicha percepción y actores concretos que encarnen y personalicen los temores. En el pasado los intentos de criminalizar la protesta en el discurso social habían fracasado porque no lograban articular un puente creíble. Actualmente, este nuevo intento, vincula los tres elementos: ideología, delincuencia y movimientos sociales.

Si analizamos lo casos Arrom, Martí, Villalba y Marín, más allá del fondo de la cuestión, lo que se ha querido establecer por parte de la mayoría de las instituciones involucradas es la relación entre estos tres elementos, a fin de poder tener el consenso social para legitimar el incremento de la represión a movimientos sociales. Esta estrategia aprovecha la memoria colectiva del miedo de la época de la dictadura, todavía instalada en amplios sectores de la población, y actualiza los fantasmas hacia ideologías de izquierda, sumándole el componente delictual común. Con ello se recupera la ideología de la seguridad nacional y la figura del enemigo interno, donde la ciudadanía organizada que cuestiona el poder constituido se convierte en el nuevo enemigo de la sociedad.

En definitiva asistimos a un proceso de resignificación de la lucha social por el que ahora los pobres organizados y los que tienen ideología de izquierda son delincuentes que no respetan la seguridad y vida de las personas ni el Estado de Derecho. La resignificación en marcha trata de desvincular las luchas sociales de sus tradicionales argumentos legitimadores (vinculados al derecho a condiciones de vida digna para todas las personas, la injusticia social en el reparto de la riqueza, la extensión de la pobreza, etc.), y darle un nuevo significado, en este caso, negativo, y por lo tanto deslegitimante ante el resto de la ciudadanía.

Los grupos impulsores de esta estrategia utilizan el discurso del Estado de Derecho como garante de la seguridad como su discurso legitimador. Pero el Estado de derecho, en esta perspectiva, no incluye derechos como la vivienda, salud, educación, tierra, etc. cotidianamente violados por el propio Estado; sino que sólo señala los derechos de los propietarios (de dinero, tierras, autos, etc.). En la mentalidad conservadora, estos son los únicos derechos que tiene que defender el Estado.

El Viceministro del Interior saliente, (SR) Victorino Fernández, nos dejó en sus últimas declaraciones como autoridad un claro testimonio de qué y a quién interesa defender desde la Comandancia policial. En sus palabras: "La seguridad en el campo debe ser vital amparando la propiedad privada. Hay que terminar con las invasiones y dar la oportunidad para que la gente pueda trabajar en el campo. La gente está con miedo, las organizaciones han amedrentado a los hombres de trabajo... La seguridad es un bien común con el que deben contribuir todos los estamentos. Hay que buscar la forma que se respete la propiedad privada". (ABC, 17 agosto 2003, pág. 9) (2).

Por tanto, es necesario recuperar el discurso social que basa el Estado de Derecho en los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), y que sitúa los derechos de propiedad en función a los intereses del colectivo con vistas a una mayor igualdad social. E incluso reivindicar el derecho a trascender la legalidad cuando esta atenta contra los derechos humanos, con el fin de recrear una nueva legalidad que incluya dichos derechos y a la población excluida.
 

 

NOTAS

 

1.Basta con ver las imputaciones a Marín por "incitación a la violencia y atentado contra la existencia del Estado".

2.Obsérvese la contraposición que hace entre "gente" y "organizaciones": las primeras son las que trabajan y tienen miedo; las segundas implícitamente no son gente y son las productoras del miedo. Por cierto, el miedo y la inseguridad lo relaciona con la pérdida de propiedad, y no con la desprotección social de los "organizados".

 

 

NOVAPOLIS – REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS

EDICIÓN Nº 4 – AGOSTO DE 2003

NICANOR PRESIDENTE 2003 – 2008

¿UN “TENDOTA” PARA EL PARAGUAY?

 
(Tendota = Jefe, Guía, Conductor, en idioma Guaraní)

 

 

Fuente: http://www.novapolis.pyglobal.com

(Registro: Agosto 2011)

 




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NOVAPOLIS,
NOVAPOLIS, REVISTA PARAGUAYA DE ESTUDIOS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS

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